1.- INTRODUCCIÓN


 
La situación a la que se está viendo abocado nuestro país viene provocando que, como conciudadanos, durante el período de aislamiento, nos hayamos preguntado si es posible la reclamación de los graves daños que se empiezan a materializar en personas y patrimonios como consecuencia de la expansión de la pandemia del COVID-19, los términos de la declaración del estado de alarma por el Gobierno y la posterior adopción y ejecución de las medidas adoptadas por las diferentes Administraciones Públicas..
 
Al mismo tiempo, una buena parte de los medios de comunicación y distintas personalidades, a través de las redes sociales, han sostenido e incluso impulsado la exigencia de responsabilidades a los actuales responsables políticos por su gestión en los momentos previos y posteriores a declaración del estado de alarma y por sus actuaciones para abordar y paliar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la Pandemia.
 
Este clima ha cimentado un profundo malestar entre buena parte de la ciudadanía, de los profesionales de la sanidad, del orden público, del tejido empresarial y de la población trabajadora por los efectos que la crisis va a tener en el ámbito sanitario, económico y social como consecuencia de los términos de declaración del estado de alarma y de la propia gestión de la crisis desde los primeros momentos.
 
Es lógico, por consiguiente, que, en tales circunstancias hayamos de dirigir nuestra mirada al ordenamiento jurídico vigente para encontrar mecanismos que permitan al ciudadano la exigencia de responsabilidades de muy diversa índole al Estado, entendido éste como el conjunto de Administraciones Públicas, así como a los responsables políticos que patronean el timón en estos momentos de crisis.
 
Esta entrada tiene como objeto reflexionar y dar a conocer las posibilidades de actuación para exigir las eventuales responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por el Estado y por los diferentes responsables políticos, así como los cauces procesales de quienes se encuentran legitimados para iniciar tales reclamaciones.
 

 

2.- ¿QUÉ RESPONSABILIDADES PODRÁN EXIGIRSE POR LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19?


 
El primer bloque de responsabilidades a las que aluden medios de comunicación y redes sociales es de las responsabilidades de naturaleza política, a través del control político al poder ejecutivo en sus tres niveles territoriales (estatal, autonómico y local) y de la rendición de cuentas ante la Ciudadanía en las urnas de los diferentes responsables políticos.
 
Este primer bloque queda fuera del objeto de esta entrada, que pretende centrarse en el segundo bloque de responsabilidades que son las de naturaleza jurídica y, dentro de ellas, las que eventualmente corresponda imputar al Estado -en todos sus niveles territoriales y funcionales- y a los responsables políticos como gestores de la crisis sanitaria, económica y social que afronta nuestro país.
 
Con el fin de alcanzar una mayor claridad expositiva y facilitar su lectura, esta entrada se ha dividido en dos bloques. Al tratarse de una cuestión de interés mediático en estos últimos días, se abordará primero el análisis de las responsabilidades personales las autoridades públicas que gestionan la crisis y en un segundo apartado se detallará en qué supuestos podrán exigirse también responsabilidades al Estado en cualquiera de sus manifestaciones territoriales y funcionales.
 

3.- ¿PUEDEN TENER RESPONSABILIDADES PERSONALES LOS GESTORES PÚBLICOS DE LA CRISIS?


 
La respuesta es afirmativa. Nuestro ordenamiento jurídico prevé responsabilidades de diferente índole para aquellas personas que ocupan en las instituciones un espacio como cargo electo, personal de confianza, y resto del personal al servicio de dichas instituciones, con independencia de que su relación sea funcionarial, estatutaria o laboral.
 
Dentro del ámbito de las responsabilidades personales debe distinguirse entre cuatro tipos de responsabilidades:
 
  • Penales, por la eventual comisión de hechos calificados de delito en el Código Penal.
 
  • Civiles, por la eventual generación de daño patrimonial, corporal o moral a terceros.
 
  • Administrativas, por la eventual comisión de hechos calificados de infracción administrativa en las leyes.
 
  • Contables, derivada del eventual menoscabo de caudales o efectos públicos.
 
Por su importancia, en esta entrada se analiza en detenimiento las eventuales responsabilidades penales y las civiles derivadas del delito, dejando para otra ocasión otras de naturaleza normalmente civil, que deben resolverse por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración al tratarse de “agentes públicos”, así como las responsabilidades administrativas y las contables, de menor interés en estos momentos. Habrá tiempo para analizarlas más adelante.
 
Durante la vigencia del estado de alarma será difícil esclarecer del todo el alcance de las responsabilidades personales de las diferentes autoridades gobernativas de nuestro país por su intervención, mayor o menor, en la gestión de la Pandemia.
 
La información llega a la Ciudadanía fragmentada y e incompleta. No obstante, a la vista de la información que viene haciéndose pública por las propias autoridades gubernativas, algunas instituciones y por los medios de comunicación, parece materializarse poco a poco en la Ciudadanía la convicción de que las autoridades gubernativas pueden haber actuado omitiendo la debida diligencia o, en sentido opuesto, que pueden haber incurrido en alguna negligencia en su gestión de la Pandemia.
 
Si buena parte de la información recogida en los medios de comunicación se confirma, es previsible que algunos gestores públicos, por su posición decisora y puestos de responsabilidad en la gestión de la crisis, deban afrontar acciones de naturaleza criminal como consecuencia de su propia actuación individual y su capacidad de decisión antes, durante y tras la declaración del estado de alarma
 
Desde un punto de vista punitivo, es de interés analizar la eventual concurrencia de los siguientes tipos penales:
 
  • Delito de prevaricación administrativa de los artículos 404 y 405 del Código Penal.
La imputación de este delito vendría asociada a la no suspensión por parte de las autoridades de los eventos públicos con afluencia masiva de personas que se produjeron en la primera semana de marzo y de las declaraciones públicas de diferentes autoridades públicas incentivando a la Ciudadanía a asistir a dichos eventos.
 
Los medios de comunicación recogen información según la cual el Gobierno disponía de información científica que aconsejaba no autorizar dichos eventos y había recibido recomendaciones internacionales de no permitirlos.
 
En España, los eventos multitudinarios en espacios públicos no están sujetos a autorización expresa, tan solo a comunicación previa a la delegación del Gobierno territorialmente competente que podrá prohibirlas cuando “considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes” conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
 
De confirmarse la información recogida en los medios de comunicación en estos últimos días, sería razonable afirmar que las autoridades públicas no dictaron resolución alguna prohibiendo numerosos eventos en la primera semana de marzo omitiendo el “peligro para personas” inherente al SARS-CoV-2 y la enfermedad a él asociada (COVID-19).
 
El delito de prevaricación administrativa puede cometerse por omisión (STS de 18 de octubre de 2006), por lo que la conducta pudiera ser subsumible en el tipo, pero en todo caso será necesaria la prueba de que los hechos se hayan cometido de forma dolosa y no por imprudencia.
 
  • Delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal.
Esta responsabilidad criminal derivaría de la situación de riesgo en la que los gestores de la crisis parecen haber situado a los trabajadores del sector sanitario, del orden público, de los transportes y de la distribución y abastecimientos, al permitir, presuntamente, con sus actos gubernativos, que dichos trabajadores tengan que afrontar el cumplimiento de sus obligaciones laborales con deficiente y en algunos casos ausente cobertura de protección ante la Pandemia, de acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación.
 
El artículo 316 CP recoge un delito de los llamados tipos de peligrosidad. Si bien el delito se comete por la vulneración por parte del empresario de las normas de prevención de riesgos laborales que suponga un peligro grave su vida, salud o integridad física de los trabajadores, esta conclusión podría entenderse afectada como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
 
Así, el mando único sanitario derivado de la declaración del estado de alarma otorga la máxima autoridad sobre todo el personal sanitario, público y privado al Gobierno central, sin perjuicio de las facultades que mantienen las Comunidades autónomas y las empresas privadas titulares de los centros sanitarios.
 
Similares consideraciones deben efectuarse respecto de los derechos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Administración de Justicia y resto de personal público que en estos momentos afronta una exposición física al contagio por el COVID-19, a los que pueden haber afectado las decisiones adoptadas por la “autoridad competente” y las “autoridades competentes delegadas” recogidas en el RD 463/2020, así como las autoridades autonómicas y locales en las competencias que mantienen durante el estado de alarma.
 
Por lo que respecta a los trabajadores del sector privado que intervienen en servicios esenciales (transportes, suministros, abastecimientos, farmacias, etc.), la dependencia funcional no es con el Sector Público, sino con su propia empresa, lo que descartaría la aplicación del tipo a las autoridades públicas, a salvo de aquellos casos en los que se haya adoptado la intervención de una empresa o de unas instalaciones (fábricas, naves, gimnasios, etc.) y en los que la dependencia funcional respecto del Sector Público podría ser sostenible.
 
En todo caso, es importante tener en cuenta que el delito tipificado en el artículo 316 CP es susceptible de ser cometido por imprudencia y no únicamente en modalidad dolosa, lo que puede dar lugar a un mayor espacio de eventual imputación de responsabilidades penales.
 
  • Delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 del Código Penal.
El precepto castiga tanto al que no socorre pudiendo hacerlo sin riesgo para él ni para terceros, como al que no pide ayuda de un tercero cuando él mismo no puede prestar dicho socorro. El delito se consuma por la simple omisión, con independencia del resultado; excluyéndose por tanto la posibilidad de comisión en grado de tentativa.
 
La responsabilidad penal derivaría, por tanto, de eventuales conductas que hubieran impedido o ralentizado injustificadamente el reparto y distribución, en la proporción acorde con las necesidades de cada territorio, del material sanitario y de protección suficiente en esta situación de crisis sanitaria
 
De nuevo, se está ante un tipo delictivo que debe cometerse de forma dolosa, no pudiendo serlo de manera imprudente. El dolo tendría que abarcar un comportamiento pasivo frente a la situación de riesgo sino también la valoración de la situación desamparo en la que se encuentra la víctima ante un peligro manifiesto y grave.
 
  • Delito de lesiones por imprudencia de los artículos 152 y 152 bis del Código Penal.
Esta responsabilidad criminal derivaría de las lesiones y secuelas físicas de los pacientes supervivientes a la Pandemia.
 
En función de si la curación de las lesiones y secuelas requiere, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico o no, las consecuencias penales serán mayores, como también existirán diferencias en la gravedad de las penas que puedan imponerse en función de si se acredita la comisión del delito a título doloso (artículos 147 a 151) o imprudente (artículos 152 y 152 bis).
 
Por supuesto, la imputación del tipo exigirá que sea posible acreditar la relación causa-efecto entre la acción de los responsables gubernativos y las consecuencias dañosas generadas en la víctima como consecuencia de la enfermedad del COVID-19.
 
Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la existencia de patologías o enfermedades previas no impediría determinar que exista causalidad entre la actuación de los responsables públicos y el resultado dañoso para la víctima.
 
  • Delito de homicidio por imprudencia de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal.
En última instancia, no es posible dejar fuera del análisis la eventual responsabilidad penal derivada de los fallecimientos que se vienen produciendo por el COVID-19.
 
Podrá hablarse de responsabilidad penal cuando resulte acreditada la relación causa- efecto entre la acción de los responsables gubernativos y los fallecimientos en atención a las consideraciones que ya se han efectuado sobre el nexo causal en el apartado anterior.
 
En las próximas semanas se dispondrá de mayor información pública que permitirá confirmar o excluir la concurrencia de responsabilidades penales por los tipos analizados u otros vinculados a la Salud Pública y otros bienes colectivos protegidos por el Código Penal, que no se han analizado por el momento ante la falta de información y que iremos comentando en próximas entradas.
 
Para la calificación de los hechos es importante tener en consideración el número de actores públicos que están interviniendo en la gestión de la crisis sanitaria, así como el número de decisiones gubernativas y administrativas que cada día se adoptan.
 
La concurrencia de estos factores debe ser tenida en cuenta para la aplicación de las reglas relativas a la infracción penal continuada y los concursos reales, ideales y mediales entre las diferentes figuras delictivas. No es descartable que, de confirmarse la comisión de hechos penalmente relevantes, la Ciudadanía asista a una aplicación sin precedentes de las reglas del delito continuado y del concurso real de delitos, que supondría una importante agravación de las penas previstas en el Código Penal para cada una de las infracciones que se han analizado.
 
No es posible cerrar este apartado sin hacer referencia a las eventuales responsabilidades civiles derivadas de la comisión de los delitos por los que eventualmente pudieran ser condenadas determinadas personas. En este sentido, es importante señalar que, como consecuencia necesaria, derivada de una eventual condena por la comisión de la infracción penal, cada uno de los condenados estaría obligado a indemnizar a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil derivada de su actuación, lo que conllevaría que los condenados debieran responder con todos sus bienes, presentes y futuros, de las indemnizaciones que se fijen en función de su participación en los hechos que hayan motivado su condena.
 
En la próxima entrega de esta entrada se realizará un análisis similar a éste en relación con las responsabilidades que podrán exigirse al Estado como consecuencia de la gestión de la Pandemia y los efectos de la declaración del estado de alarma (Ya disponible, haciendo click aquí).

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