Banco Popular: La AN ve posible suspender los procedimientos contra el FROB por prejudicialidad
El pasado verano asistimos a uno de los acontecimientos financieros más insólitos de los últimos años. El BCE por medio de la Junta Única de Resolución (JUR) decidió la resolución del Banco Popular tras determinar, por medio de un informe que todavía no se ha hecho público, que la entidad era inviable.
La decisión adoptada por la JUR y ejecutada en España por el FROB determinó, entre otras cuestiones, la venta del Banco Popular al Grupo Santander y la pérdida de la inversión para todos los tenedores de capital (accionistas y titulares de deuda subordinada, entre otros).
Los afectados emprendieron entonces un doble camino para la impugnación de la actuación de la JUR y el FROB:
(1) Demanda ante el TJUE en impugnación de la decisión de la JUR.
(2) Recurso contencioso-administrativo ante la AN en impugnación de la resolución del FROB.
A lo largo de estos meses, los procedimientos básicamente han avanzado en la provisión de los escritos por los respectivos órganos (TJUE y AN), la comprobación de los apoderamientos y otros requisitos procesales. Poco más ha podido hacerse dado el número de recurrentes y el volumen de los escritos y la documental presentada por cada uno de ellos.
Sin embargo, en el mes de noviembre la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha adoptado una importante decisión que afectará al ritmo de los procedimientos que se siguen a nivel nacional. La AN ha decidido librar oficio al TJUE a fin de recabar información sobre las demandas formuladas por los afectados contra la resolución de la JUR y con el objetivo de determinar si existe, o no, una posible prejudicialidad que exija la suspensión del procedimiento en tanto el TJUE no dicte su sentencia.
De confirmase la prejudicialidad, los procedimientos ante la AN podrían paralizarse hasta dos años y quedar condicionados en gran medida por la decisión que adopte el TJUE, por lo que en este momento todos los esfuerzos de los despachos implicados dirigirán sus esfuerzos en alcanzar el éxito en Luxemburgo.
Área de Derecho administrativo
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